UE: Los privilegios del Vaticano
UE: Los privilegios del Vaticano
irene savio
Roma, 3 de septiembre (apro).- Se tensan las relaciones entre el Vaticano y la Unión Europea. La causa: la Comisión Europea realiza una investigación sobre los privilegios fiscales que obtiene la Iglesia católica en varios países del continente, como Italia y España.
El pasado 28 de agosto, el vocero del área de Competencia de la Unión Europea (UE), Jonathan Todd, lo dejó claro: “Queremos más explicaciones” del Vaticano sobre dichos beneficios.
Luego matizó: “Aún no hemos decidido presentar una denuncia oficial sobre el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero si lo hiciéramos, se tratará de un caso de ayudas ilegales por parte del Estado italiano”.
El asunto no terminó ahí, traspasó las fronteras hasta llegar a España. Según fuentes de la Comisión Europea, Bruselas también ha pedido explicaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las ventajas fiscales que tiene la Iglesia católica en España.
En concreto, la UE quiere analizar si las exenciones de impuestos que concede España a la Iglesia católica en materia de construcciones, instalaciones y obras se encuentran dentro de la legalidad de la comunidad europea.
La comisaria europea de Competencia, Nelie Kroes, envió en junio una carta oficial a los gobiernos de España e Italia solicitándoles una explicación, y les da plazo hasta mediados de septiembre para ofrecer su respuesta.
En el caso de que la EU considere que estos países violan la normativa europea sobre ayudas estatales, les pedirá que corrijan la situación. De no hacerlo, abriría un fascículo oficial de infracción que podría llevar España e Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Italia, la norma incriminada sería una ley aprobada en 2005, cuando gobernaba el empresario Silvio Berlusconi. Esta ley exonera a la Iglesia del pago del impuesto sobre sus bienes inmuebles.
Mientras que en España, el Impuesto sobre Construcción, Instalación y Obras (ICIO) permite a las autoridades municipales otorgar exenciones “voluntarias” a los impuestos que la Iglesia debe pagar por sus bienes inmuebles. Ello, en virtud de un acuerdo suscrito en la materia entre el Estado español y el Vaticano que data de 1979.
“El Vaticano goza de privilegios fiscales y el gobierno de Italia ni siquiera conoce el valor de dichos beneficios, así como no conoce el número de inmuebles que posee la Iglesia”, acusó el diputado del Partido Radical italiano, Mauricio Turco, en declaraciones para la agencia Apro.
La Iglesia es un experto agente inmobiliario, como lo demuestran los más recientes datos del Ministerio de Asuntos Económicos del propio Vaticano. Éstos indican que el sector de bienes raíces le produjo ganancias por 32.2 millones de euros en 2006. Por otra parte, datos no oficiales, señalan que 20% del patrimonio inmobiliario italiano es propiedad de la Iglesia.
Turco, de 57 años, quien fue también eurodiputado de 1995 a 1999, ha sido el promotor de varias preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea sobre presuntas violaciones en la exención de impuestos en favor de la Iglesia católica.
En 2004 denunció la exención de pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de que gozaba la Iglesia católica en España y Portugal, privilegio del que carecen las demás comunidades religiosas.
En esa ocasión, el gobierno de izquierda de Rodríguez Zapatero se negó a cambiar dicha exención fiscal. Argumentó que los acuerdos que suscribió en 1979 con el Vaticano fueron previos al tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea. Pero en 2005 la Comisión Europea obligó a España a derogar el acuerdo.
“España tuvo que ceder porque la ley de aplicación de la exención era posterior al ingreso de España en Europa, que fue en 1986. Claro, no entiendo por qué un Estado laico como el español se niega a colaborar con la máxima autoridad europea”, explicó Turco.
En el caso italiano, dirigentes del Partido Radical denunciaron en octubre de 2005 la presunta violación sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Desde entonces la Comisión Europea investiga sobre la cuestión.
En enero de 2006 el gobierno italiano remitió una carta oficial a la Comisión Europea en la que justificó los beneficios fiscales de la Iglesia; pero los argumentos no convencieron a la CE, por lo que en julio pasado pidió una segunda aclaración.
“La Comisión Europea envió un aviso último a Italia antes de presentar una denuncia oficial, como ocurrió con el caso de la exención del IVA que España le aplicaba a la Iglesia católica. La Comisión Europea está tratando de remediar una injusticia”, añadió Turco.
Al parecer, el caso italiano es menos complejo que el español. “Italia entró en la UE en 1958, por lo cual los italianos no pueden apelar al artículo 307 de Tratado Constitucional para Europa (TCE) que establece que todos los acuerdos previos al ingreso en la UE siguen siendo válidos tras el ingreso del país.
Hostilidad
El gobierno de Rodríguez Zapatero no tardó más de 24 horas en contestar a las acusaciones de la CE. Lo hizo el pasado 29 de agosto. Afirmó que España cumple con legalidad en cuanto a las exenciones fiscales aplicadas a la Iglesia católica.
Según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda de España, la exención del Impuesto sobre Construcción, Instalación y Obras (ICIO) --que grava con un máximo del 4 por ciento las construcciones como requisito para obtener una licencia urbanística-- no es ilegal debido a la jurisprudencia existente, pues, una sentencia anterior (de 2003) reconoce que el acuerdo con el Vaticano es anterior a la entrada de España a la UE.
“Me parece absurdo lo que contestaron (los españoles). Está pasando lo mismo que ocurrió con el IVA. El acuerdo es de 1979, pero la ley de aplicación es de 1988 y entró en vigor en 2001. Esto significa que esas ayudas son ilegales”, aseguró Turco.
En Italia, las exenciones son más graves: “Además del ICI, la Iglesia goza también del descuento del 50% del Impuesto General sobre la Renta de las Sociedades (Ires) y la exención del IVA para las instituciones, entre éstas las eclesiales, que prestan asistencia o beneficencia, así como a las estructuras hospitalarias y de educación”, explicó Turco.
Es más, la Iglesia católica es la única institución religiosa que se beneficia del llamado “ocho por mil”, un impuesto que financia también a las organizaciones de beneficencia y voluntariado.
“Pero la resolución de la cuestión sobre el ICI es más simple a nivel legislativo, aunque también en este país el gobierno de izquierda de Romano Prodi se niegue a colaborar”, añadió molesto el diputado.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) aún no se ha pronunciado sobre el caso. Sí lo ha hecho, en cambio, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la cual criticó la actuación de la Comisión Europea.
Furioso, el presidente de la CEI, el ultra conservador Angelo Bagnasco, aseguró el pasado 29 de agosto que “la labor de beneficencia de la Iglesia está a la vista de todos, en Italia y también en toda Europa”, por lo que “debería ser considerada con mucha atención para no caer en posiciones parciales de tipo ideológico”.
Entrevistado por periodistas al salir de una reunión en el santuario de la Madonna de la Guardia, en Génova, Bagnasco se dijo convencido de que es “equivocado” hablar de los “privilegios de la Iglesia”, e hizo un llamado para tomar en cuenta “todo lo que la Iglesia ha hecho y sigue haciendo a favor de la gente pobre, de los jóvenes, de la educación y de las personas más desamparadas”, como lo hace cualquier otra organización sin fines de lucro.
Un negocio estratosférico
“El problema es que con la ley aprobada en 2005 por el gobierno de Silvio Berlusconi, quedan también exentos de impuestos aquellos locales mixtos, es decir, en los que además de los actos de culto se desarrolla algún tipo de actividad comercial en Italia”, como el turismo religioso, agregó Turco.
En los últimos años, el turismo religioso se incrementó significativamente: 40 millones de turistas que visitan el Vaticano aportaron 5 mil millones de euros al año. Casi la mitad de estos turistas pasan más de una noche en hoteles ubicados en la ciudad del Vaticano, según un estudio de la agencia Trademark, que desde hace 25 años opera en el sector turístico.
Con sólo digitar en internet las palabras “Vaticano” y “turismo”, en italiano así como en otros idiomas, aparecen centenares de páginas que ofrecen hospedaje, transporte, artículos religiosos, souvenirs y promociones turísticas para visitar la ciudad del Vaticano. La mayoría no proporciona datos sobre el costo de dichos planes turísticos.
Con sólo pasear por la plaza San Pedro y en las cercanías del Vaticano se pueden ver decenas de negocios de artículos religiosos y miles de turistas que cada día ingresan a los museos vaticanos y a la Cúpula de San Pedro. Por la noche, esas mismas personas tienen a disposición hoteles con unas 250 camas y más de 4 mil albergues vinculados a la Iglesia.
Recientemente, la Obra Romana de Peregrinajes (ORP), que funciona como agencia de viajes del Vaticano (en 2006 llevó a 130 mil personas a Lourdes y otras 7 mil a Jerusalén) y que posee inmuebles en Italia, ha puesto en marcha una serie de vuelos chárter a los principales lugares de peregrinaje católicos.
El uso para fines comerciales de los inmuebles del Vaticano, como lo es el caso de las agencias de turismo religioso, es sólo la punta del iceberg.
Según un estudio de la Agencia de Investigación Económica y Social (ARES), al que tuvo acceso Apro, la cantidad de dinero que la Iglesia se ha ahorrado gracias a la exención del ICI asciende a la cifra estratosférica de 2 mil 200 millones de euros.
A esta cifra habría que sumarle el dinero que ahorra la Iglesia por concepto de exención del IVA, del Ires y del “ocho por mil”. Eso únicamente en Italia. Dicho ingresos se los reparten la Ciudad del Vaticano y la Conferencia Episcopal italiana.
De fructificar el reclamo de la CE sobre las ventajas fiscales de la Iglesia católica, la economía del Vaticano podría resultar afectada. Y es que, en 2006 el Vaticano obtuvo ingresos por 2 mil 400 millones de euros producto de su actividad financiera, su labor institucional y el sector inmobiliario.
En España, la Iglesia católica logró un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Zapatero para obtener financiamiento a partir de las aportaciones voluntarias de la declaración de renta, las cuales aumentaron de 0.5 a 0.7 por ciento en 2007. En virtud de ello, ha obtenido en este año ingresos mensual por uno 12.5 millones de euros.
A pesar de la magnitud de estas cifras, la clase política italiana no muestra interés en involucrarse en este diferendo entre la Iglesia católica y la Comisión Europea.
Por contrario, el pasado 29 de agosto, funcionarios y políticos italianos acusaron a sectores “radicales y masones” de ser los responsables de que la Comisión Europea realice una investigación sobre supuestas ventajas fiscales de la Iglesia católica en Italia, según declaraciones recogidas por Aciprensa, un diario vinculado a la Iglesia católica.
Según esa fuente, el ministro de Justicia de Italia, Clemente Mastella, aseguró que las sospechas de la Comisión Europea son sólo un “pretexto”. Y el ministro de Infraestructura consideró que la UE "mejor haría en ocuparse de los paraísos fiscales”.
Por su parte, el partido Unión de los Demócratas Cristianos y de Centro (UDC) –heredero de la Democracia Cristiana que gobernó a Italia durante 40 años-- acusó a círculos “radicales y masones” de Bruselas de impulsar dicha investigación.
La Comisión Europea negó que esté “faltando al respeto” a la Iglesia católica por realizar su investigación para determinar si las ventajas fiscales que ésta disfruta en España, Italia o Bélgica, otro país bajo sospecha, son compatibles con la legislación comunitaria.
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Rodolfo Plata -